Francisco Cravioto , investigador del área de Presupuestos y Políticas Públicas, quien se especializa en temas de minería y fracking y forma parte del proyecto “Industrias Extractivas”, nos platica en esta ocasión sobre la gestión pública de las actividades mineras.

En México, el 15 % del territorio nacional está entregado a particulares para realizar actividades mineras, y pese a ello, la minería no refleja un crecimiento económico en el país, ya que sólo representa un 1% del Producto Interno Bruto. Tampoco se ve reflejado un aumento en el numero de empleos generados por la minería, y por el contrario, esta actividad tiene un impacto en el medio ambiente, ya que las zonas destruidas producen daños sobre la vegetación, y pueden generar contaminación en acuíferos, cultivos y pastizales.

Para ello se deben exigir cambios en la legislación y en la política pública, en atención a derechos humanos y medio ambiente, sobre todo para que el consentimiento de la gente que vive en esta zonas, esté basado en la información sobre los daños y afectaciones que puede provocar la actividad minera.