El gobierno mexicano pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que «no admita» el caso de las violaciones a los derechos de los mineros de Cananea, «dé por concluido el asunto y sea enviado a archivo», plantea un informe que presentó ante esa instancia el embajador de este país ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

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