La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el gobierno de México deberá responder en un plazo máximo de tres meses sobre las violaciones y «actos ilegales cometidos contra los trabajadores de Cananea, al despedir a 832 por supuestas causas de fuerza mayor», por las que interpuso una denuncia el Sindicato Nacional de Mineros.
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