El aumento en las inversiones y la productividad de las actividades extractivas no representa un camino de desarrollo para las comunidades con las que comparten el territorio y esto ocurre porque México no cuenta con normatividad que permita a los ciudadanos seguir el trayecto del dinero que proviene de la explotación de sus recursos naturales, sostienen los autores del Índice de la Gobernanza de los Recursos Naturales.

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