El gobierno de Zacatecas enfrenta 25 amparos promovidos por empresas mineras nacionales y extranjeras y dos más interpuestos por la industria cervecera, así como una controversia constitucional impulsada desde la consejería jurídica de la Presidencia de la República, con los cuales se pretende eliminar el cobro de impuestos a las industrias que contaminan el aire, agua y suelo de la entidad.

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