La entidad ha solicitado al Ejecutivo del socialista Javier Fernández que, en aplicación del Principio de Precaución invocado por el Parlamento Europeo, se prohíba el uso de esta sustancia tóxica «que se sigue usando en las minas de Salas y Belmonte» y que también se pretendía emplear en su momento en el proyecto aurífero de Salave con el beneplácito del Gobierno regional.

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