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El gobernador Guillermo Padrés desaprovechó dos oportunidades históricas para evitar el derrame de 40 millones de litros de metales pesados sobre los ríos Sonora y Bacanuchi, el año pasado.
La primera, el 1 de junio de 2010, cuando diputados locales de la 59 Legislatura ordenaron al mandatario atender los problemas de contaminación ambiental originados por la mina Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, particularmente en la presa de “jales” donde se confinan los residuos químicos utilizados para la separación del cobre del resto de los minerales.
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