En las últimas semanas ha sido una constante en los diarios de circulación nacional y medios electrónicos la aparición cada vez más frecuente de noticias relacionadas con conflictos mineros, lo mismo en relación con las minas a cielo abierto que por la sobreexplotación de dicha industria en estados como Guerrero, Jalisco, Colima, por citar solo algunos. El malestar social está creciendo y generalizándose en el país en contra de este tipo de megaproyectos, pero lo dramático es que las autoridades de los distintos órdenes de Gobierno están muy lejos de atender las demandas y de actuar con prontitud y, sobre todo, en apego a la defensa de los más elementales derechos humanos y salvaguarda del medioambiente. La negligencia, total desinterés y colusión son las actitudes que caracterizan su actuar. En medio de este dramático panorama, los dos casos más relevantes e ilustrativos son el gravísimo desastre ecológico producido, hace justo un año, por los derrames tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi causados por la mina Buenavista del Cobre de Grupo México en Sonora y el proyecto minero Los Cardones, promovido por Desarrollos Zapal, que busca establecerse en el lugar más vulnerable y fundamental para la vida en Baja California Sur, la reserva de la biósfera Sierra de la Laguna.

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