Ha transcurrido un año desde que se empezó a implementar en Perú la ley N°30230 que exoneró a las empresas mineras, en la mayoría de los casos, y en otros, a reducir las multas impuestas por infringir normas ambientales en sus procesos de extracción de minerales del territorio del país. Para promover y agilizar la inversión del sector, el Ejecutivo impulsó esta norma, bautizada por sus detractores como ‘paquetazo ambiental’, y aprobada luego que se incrementaron las multas por graves infracciones ambientales. Después de revelar cuáles son las empresas de la gran minería que incumplen sus obligaciones ambientales de manera reiterada y cómo tres gobiernos beneficiaron durante cerca de una década a la mayoría de estas empresas con una tarifa plana de las multas, esta vez Convoca demuestra que en el último año, el gobierno de Ollanta Humala fijó una especie de amnistía ambiental con la ley 30230: dejó de cobrar hasta 30.9 millones de soles (11 millones de dólares) en multas por infracciones ambientales ratificadas por el tribunal y consentidas por las propias empresas. Conoce a las compañías y a los funcionarios que protagonizan esta nueva entrega de la serie investigativa “Excesos sin castigo” sobre quién es quién en las industrias extractivas.

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