Un Juez de La Paz, Baja California Sur, ordenó a los 13 integrantes del cabildo de esa localidad contestar el mandato soberano de 17 mil ciudadanos que se oponen a la minería tóxica a tajo abierto.

Arturo Rubio Ruiz, representante de la organización civil Legalidad y Transparencia, explicó que el cuerpo edilicio tiene como opción manifestarse contra la minería a cielo abierto, como ya lo hizo de palabra en audiencia con ciudadanos; realizar una consulta pública o ignorar el mandato, lo que significaría un desacato a la justicia federal que implicaría su destitución e inhabilitación, o incluso la cárcel.

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